Tras su paso por el Congreso la Reforma de la Ley de Extranjería mantiene sus elementos centrales que recortan los derechos de las personas inmigradas
Tras una primera lectura esta es a la conclusión que se llega:
La Reforma no solo mantiene los Centros de Internamiento de Extranjeros sino que alarga la estancia en los mismos de las personas inmigradas de 40 a 60 días (Artículo 62 apartado 2)
La Reforma endurece las condiciones para la reagrupación familiar, impidiendo la de los ascendientes si no son mayores de 65 años y exigiendo la residencia de larga duración (5 años) para poder reagrupar a los ascendientes (Artículo 18 apartado 1)
En la reagrupación si introduce un cambio ya anunciado al conceder permiso de trabajo a los familiares reagrupados que tengan edad laboral (Artículo 19 apartado 1)
La Reforma mantiene la necesidad de un contrato laboral para la regularización por arraigo y deja en el aire (a la espera del Reglamento) si este contrato deberá regirse por el Catalogo de Profesiones de Difícil Cobertura (aquellas que los españoles no puedan cubrir). En cuanto a la renovación de la residencia y la exigencia de los 180 días de cotización, la Reforma es absolutamente ambigua y deja una mayor precisión para el posterior Reglamento.
La Reforma mantiene la calificación de infracción grave (con multas de hasta 10.000 euros) para el empadronamiento de inmigrantes que no habiten en el domicilio en cuestión; es decir continua penalizando la solidaridad (Artículo 53 apartado 2)
La Reforma mantiene la desigualdad de derechos entre inmigrantes y autóctonos y ni siquiera menciona ninguna ampliación del derecho a voto salvo las contempladas en la constitución (exigencia de reciprocidad) lo que significa que no se reconoce el derecho al voto a los marroquies, ecuatorianos, pakistanies,...
La Reforma sigue sin contemplar los derechos de las mujeres maltratadas pues mantiene la necesidad de una orden de alejamiento o reconocimiento del maltrato por la fiscalía para suspender los procesos de expulsión o permitir la regularización
En definitiva muy pocos cambios que no justifican el apoyo que CiU, PNV y otroos grupoa parlamentarios han prestado a la Reforma.
Estos grupos parlamentarios nacionalistas han aclarado su voto escudándose en que la Reforma reconoce ahora la competencia de los gobiernos autonómicos en la renovación de tarjetas o la concesión de permisos de trabajo, pero ello no mejora por si solo las condiciones de vida de los inmigrantes. Habrá que esperar la actitud de los gobiernos autonómicos pero debe recordarse que en todo caso estos deben someterse a la Ley estatal y que la exigencia de nuevos requisitos, como el conocimienmto de las lenguas autonómicas, es a priori un obstáculo más para la obtención de los papeles.
La Marcha por la Igualdad y contra la Ley de Extranjería centraba su rechazo a la Reforma en 5 puntos como el cierre de los CIE, la reagrupación familiar sin resdtricciones, la regularización y renovación sin necesidad de contrato, la no penalización de la solidaridad y la plena igualdad de derechos. Estos puntos no han sido escuchados por el Congreso.
La Marcha no era sino un primer paso, la lucha debe continuar
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