La Asamblea Popular de Terrassa ha convocado este sábado por la tarde una concentración a las puertas del Ayuntamiento en contra de la reforma de la Ley de Extranjería y en apoyo a la "Marcha por la igualdad" del grupo de inmigrantes que salió el 23 de septiembre de Terrassa hacia Madrid.
La entidad considera que hay que revisar la totalidad de la ley, ya que actualmente, y con las modificaciones que se quieren aprobar, "contempla a las personas emigradas como medios de producción, no como seres humanos con derechos".
Una treintena de personas han escuchado los argumentos de Carlos López, miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Lleida, y de Rachid, miembro de la asociación de inmigrantes de Terrassa, para echar atrás tanto la reforma como algunos puntos que ya se aplican de la ley.
Rachid ha dejado claro que "los inmigrantes no somos culpables de la crisis, tal y como nos han culpado desde el Gobierno y los bancos. "Hemos pagado un precio muy alto por esta crisis y somos gente trabajadora y de clase baja".
López, por su parte, ha calificado la reforma de "excusa y coartada" para recortar los derechos de los recién llegados. El abogado leridano considera que algunos puntos de la reforma, como el flujo migratorio laboral o la acogida de inmigrantes en función de las necesidades del mercado de trabajo, conllevan una "mercantilización del extranjero, lo degrada como persona y crea una casta inferior en la sociedad ".
López ha puesto especial énfasis en la regulación del reagrupamiento familiar que "impide que los ascendientes (padres y abuelos) de los residentes en el país menores de 65 años puedan venir a vivir aquí", una forma, según el abogado, "restrictiva y discriminatoria" .
Otro de los puntos más criticados de la reforma de la ley es el de la regularización de aquellas mujeres inmigrantes que sean víctimas de la violencia de género. "Si no tienen permiso de residencia se les abre un expediente sancionador cuando van a denunciar en comisaría que se tira adelante si no demuestran que, efectivamente, han sido maltratadas".
La reforma de la ley incluye, además, el control de la permanencia en el país de aquellas personas que llegan con un visado, el aumento del tiempo de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros, y sanciones para aquellas personas que faciliten la permanencia ilegal de inmigrantes a través del consentimiento de empadronamiento.
La Asamblea Popular pide que se cierren los Centros de Internamiento para Extranjeros, que se regularicen todas las personas inmigradas sin la necesidad de un contrato laboral y la eliminación de la obligación de 180 días cotizados para la renovación del permiso y que se eliminen las restricciones para el reagrupamiento familiar.
Además, piden el derecho a voto del colectivo como una "igualdad de derechos plena entre inmigrantes y autóctonos". Reivindicaciones que el grupo de inmigrantes que se marchó el día 23 de septiembre llevará a Madrid el día 25 de octubre.
La marcha está a menos de 130 kilómetros de la capital del Estado. Se calcula que llegarán domingo por la mañana para manifestarse junto con otros grupos provenientes de otras ciudades. Allí les esperarán varias entidades terrassenses, que saldrán en autocar el sábado por la noche para apoyar la concentración.
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